Los abogados granadinos se rebelan contra la Ley de Justicia Gratuita
Consideran que perjudica a los letrados adscritos y a los ciudadanos, quienes tendrán "más dificultades" para acceder a ella
El decano del Colegio de Abogados, Eduardo Torres (i), antes de su comparecencia. Foto: Álex Cámara
Los abogados granadinos, rebelados contra la nueva Ley de Justicia Gratuita. Los letrados han mostrado este martes su rechazo a la nueva normativa que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y han pedido que se posponga al menos hasta después del verano para tratar de mejorarla porque la actual perjudica a los propios ciudadanos y a aquellos profesionales que están adscritos al turno de oficio.
Así lo ha reconocido en rueda de prensa el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, quien ha denunciado la situación que vive el sector y que con esta nueva normativa empeorará, principalmente para los ciudadanos. Para ello ha puesto como ejemplo la posibilidad de que un abogado de oficio de otra ciudad española pueda hacerse de algún caso en Granada, lo que puede ir contra los intereses del propio cliente.
Un año de impagos
Torres ha denunciado también la situación del sector con los pagos que debe hacer la Junta de Andalucía al respecto del turno de oficio y ha cifrado en unos dos millones de euros la deuda contraída desde la institución regional. Además, ha anunciado que dicha cuantía obedece a todos los impagos desde el último cuatrimestre de 2013 hasta ahora y ha explicado, a puerta cerrada, cuáles son los plazos a los que se ha comprometido la Consejería de Justicia para hacer frente a esta cuantía.
Ha censurado que los abogados cobran tres euros la hora de media en este tipo de servicios mientras que los médicos internos residentes pueden percibir hasta 17 euros, un profesor particular 12 o el servicio doméstico diez euros. El presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, Fernando Conde, ha explicado con detenimiento en qué puntos perjudicará la Justicia Gratuita a los ciudadanos, como el hecho de que los umbrales para acceder aumenten hasta los 14.000 euros, la limitación a tres solicitudes al año de acceso a este tipo de justicia, los recursos o que haya grupos que no tengan que acreditar aspectos para poder acceder a ella, generando una falta de igualdad. También ha lamentado que habrá sospechas injustificadas hacia el ciudadano, sin garantía de financiación pública para los letrados o el aumento de las obligaciones y la reducción de los baremos. En la provincia de Granada se verán afectados en torno a 950 abogados que son quienes hacen frente al año de unos 21.500 casos de asistencias, 59 diarias, o 23.000 para turnos de oficio, unas 63 diarias.
