Sandra García confía en que los ayuntamientos desarrollen el decreto de inclusión y pide al PP que "no ponga excusas"
Sus declaraciones se producen después de que la secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, anunciara este lunes que los 265 ayuntamientos gobernados por su partido en la comunidad se adherirán pero "no ejecutarán" ni el Plan de Empleo Juvenil ni el decreto ley
La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha confiado este martes en que los ayuntamientos desarrollen el Decreto de Exclusión Social y ha pedido al PP que "no ponga excusas ni trabas" y se sume "a la petición al Gobierno de España de un plan de empleo extraordinario para Andalucía".
Sus declaraciones se producen después de que la secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, anunciara este lunes que los 265 ayuntamientos gobernados por su partido en la comunidad se adherirán pero "no ejecutarán" ni el Plan de Empleo Juvenil ni el decreto ley de Inclusión Social aprobados por la Junta de Andalucía hasta que la Administración regional no les abone por adelantado la financiación de sendos planes.
García se ha pronunciado sobre ese anuncio en la reunión que ha mantenido junto con la directora general de Servicios Sociales, Ana Conde, el delegado de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, y el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, con ayuntamientos y colectivos de la provincia para informarles de la aplicación "técnica" del nuevo decreto de inclusión social.
"No hay excusas para que los ayuntamientos desarrollen sus competencias, la Junta adelanta el dinero a los ayuntamientos y confiamos en que todos estarán a la altura y desarrollarán estas medidas excepcionales para las situaciones de emergencia social y extrema necesidad", ha asegurado.
Según Sandra García, la Junta de Andalucía es la administración "que más apuesta por el municipalismo" y ha recordado la aprobación del decreto que da a los ayuntamientos "seguridad jurídica" para desarrollar sus competencias tras la reforma local del Gobierno central.
El Decreto de Inclusión supone una inversión de 7,3 millones de euros para la provincia de Granada y beneficiará a unas 22.000 personas.