UGT impugna la licitación del servicio municipal de ayuda a domicilio al "no garantizar los costes salariales"
El sindicato recuerda que en Granada hay más de 750 trabajadores prestando este servicio, "muchos de ellos a tiempo parcial, o con contratos temporales"
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada, ha impugnado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad de Granada, "ya que establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales".
En concreto, establece un precio del servicio de 13 euros la hora, cuando el mínimo debería ser de 14,60 euros por hora (IVA incluido), ya que de otra forma no se garantiza el cumplimiento del Convenio Colectivo. "Y eso, sin incluir en esos 14,60 euros las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP)", han explicado desde el sindicato.
Desde UGT recuerdan que en la ciudad de Granada, hay más de 750 trabajadores prestando este servicio público municipal, "muchos de ellos a tiempo parcial, o con contratos temporales, con un sueldo que depende de la licitación que se establezca por parte del Ayuntamiento".
El sindicato ha señalado que mantener este precio por hora de 13 euros "va a suponer a buen seguro que se produzcan incumplimientos laborales, ya que los trabajadores que realizan el servicio tendrán que hacerlo renunciando a sus derechos, recogidos en el Convenio Colectivo de referencia".
"No es posible", afirman, "que desde un Ayuntamiento, que debe ser especial garante del cumplimiento de las leyes, se favorezca veladamente que se conculquen derechos laborales".
El sindicato pide no solo que se cumpla el coste laboral real, calculado en 14,60 euros, sino que se ajusten los Pliegos de Condiciones Administrativas a la Ley de Contratos del Sector Público, en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Recuerdan, además, "que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía". Por eso, desde los sindicatos, aseguran que "lo que hay que promover es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria".
De hecho, UGT no renuncia a su reivindicación acerca de la municipalización del servicio de ayuda a domicilio, "porque la gestión directa de este servicio traería consigo un importante ahorro para las arcas municipales por la eliminación del beneficio empresarial, y es factible el rescate porque el mantenimiento de este servicio conlleva muy poco coste en equipamiento e infraestructuras".
