Alivio impositivo mediante la lucha contra el fraude fiscal
Como es sabido, España es un país caracterizado por tener una alta presión junto a una reducida recaudación de impuestos, situación que repercute de forma directa en la clase media disminuyendo las posibilidades de ahorro futuro. Asimismo, las grandes empresas, así como sus gestores,eluden el pago de sus impuestos tejiendo redes de comunicación y circularización de capitales en los conocidos paraísos fiscales. Sin embargo, el equipo económico de Ciudadanos ha evidenciado mecanismos y teorías capaces de revertir esta situación mediante la reducción de los tipos impositivos y el incremento de la recaudación, constatando para ello, la necesidad de modificar sustancialmente el modelo fiscal vigente. Llevando a cabo las políticas necesarias para ello, podríamos reducir de antemano y de forma directa el fraude fiscal en un 25% de forma inmediata, teniendo en cuenta que hay varios estudios que cifran el fraude fiscal en 80.000 millones de euros.
Nos hacemos eco pues del ambicioso objetivo, pero realista, que supone luchar contra el fraude fiscal, focalizado no en los impuestos ligados a las actividades inmobiliarias o de construcción, sino al fraude en impuestos sobre la renta, impuestos sobre sociedades y, seamos honestos, en las cotizaciones de la Seguridad Social. Evidentemente, con estas medidas se evidencia un claro guiño a las pequeñas y medianas empresas que, recordemos, se erige como el motor y pulmón de nuestro sistema productivo y, por qué no decirlo, de nuestro sistema económico.
Así las cosas, describimos brevemente las principales medidas que Ciudadanos plantea para la lucha del fraude fiscal:
- Desde Ciudadanos se propone simplificar el régimen de contabilidad de las pequeñas y medianas empresas, con la intención de reducir las posibilidades de fraude e incrementar el grado de control y supervisión por parte de la administración tributaria que, sin duda, podrá dotarse de un mayor número de efectivos destinados a esta función. Asimismo, se pretende afrontar la situación de huida del IRPF creando sociedades sin actividad real, obligando en determinados supuestos a imputar los beneficios a los socios, en un claro ejercicio de transparencia fiscal.
- Ciudadanos propone devolver el control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda. Bien es conocido que las Sociedades de Inversión en Capital Variable han mantenido un tipo marginal de tributación de un 1%, beneficiando a la única persona que, en la mayoría de los casos, es titular de este tipo de Fondo de Inversión que adopta la forma de una empresa. Así las cosas, dado que fruto de una ley aprobada por PP, PSOE y CiU, la inspección de Hacienda no puede controlar a las SICAV, esta medida tratará de devolver a la Agencia Tributaria el control de todas las normas fiscales de acuerdo con un Estado de Derecho. En consecuencia, estamos en disposición de afirmar que esta medida promoverá la apertura de las SICAV para constituir éstas como instituciones de inversión colectiva en lugar de vehículos de inversión privada de grandes fortunas.
- Previa modificación del concepto de delito fiscal, Ciudadanos plantea endurecer las penas de los delitos más graves, los cometidos utilizando paraísos fiscales, testaferros u organizaciones para delinquir para que la condena implique penas efectivas de prisión. La repercusión inmediata, no nos cabe duda, se traduciría en decremento importante de las operaciones fraudulentas en materia de tributación y fiscalidad.
- Finalmente, Ciudadanos tratará de devolver su independencia, profesionalidad, y calidad a la agencia tributaria, incrementando sustancialmente sus recursos y duplicando el número de funcionarios (inspectores, técnicos y personal de apoyo).
- Otras muchas propuestas entre las que destacamos la exigencia de los importes no ingresados por todo aquel que se acogió a la Amnistía Fiscal del Ministro Cristóbal Montoro y que calculamos permitirán recuperar 2.800 millones de euros en el acto. Otra medida que merece especial mención se centra en la lucha contra facturas falsas, mediante la restricción de regímenes de módulos a aquellos empresarios que facturen como mínimo un 75% de sus operaciones a consumidores finales, y así evitar que emitan facturas, por las que ellos no tienen que pagar, y que suponen gasto deducible e IVA soportado para las empresas que las reciben.
En consecuencia, con las medidas que Ciudadanos propone la recaudación ascendería a, aproximadamente, 17.000 millones de euros, que junto a la adopción de otras medidas relacionadas con las cotizaciones en la seguridad social, se calcula que podría traducirse en, aproximadamente, 20.000 millones de euros que podrían capitalizarse directamente en el ciudadano.
