Antigua normalidad
Los gabinetes de prensa de los alcaldes son geniales. Consiguen lo que parece imposible. Trabajan para extender un relato favorable para sus jefes, aunque la realidad no sea tan halagüeña. Lo mismo nos venden que todo a nuestro alrededor es jauja, que el futuro será esplendoroso o que el Ayuntamiento es un dechado de excelente gestión. Son capaces de hacer milagros. Como que algún medio publique una noticia en cuya foto “desaparece” una concejala que no solo participó en el acto del que se informa sino que fue especialmente protagonista en la propuesta y elaboración de la iniciativa presentada.
La puesta en marcha de la Policía de Barrio es fruto del acuerdo alcanzado entre el grupo municipal de Unidas Podemos por Granada (UP) y el PSOE. Introducido a propuesta del primero y cuyo diseño ha sido producto de varias sesiones y muchas horas de trabajo entre concejales de ambos grupos políticos. Y por supuesto de la Jefatura de la Policía Local.
Se han cumplido esta semana dos años de la declaración del primer Estado de Alarma y el confinamiento que conllevó. Dos largos años en los que hemos ansiado el regreso a la “nueva normalidad”. Pero, será por aquello de que las desgracias nunca vienen solas, antes de alcanzar la vuelta a la normalidad estalla la guerra, el ejército ruso invade y bombardea Ucrania. Como consecuencia sufrimos una nueva crisis económica, ahora derivada del enorme alza de los precios de la energía (gas, electricidad, petróleo…), que ya se habían disparado incluso antes de la guerra, la escasez de determinados productos y el incremento enloquecido de la inflación, que nos empobrece a la mayoría. Se anuncian más problemas y que durarán en el tiempo. Adiós anhelada normalidad.
Donde sí que hemos vuelto de pleno a la antigua normalidad es en nuestro Ayuntamiento. PSOE y PP se acusan mutuamente del retraso en la licitación del contrato de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. En los últimos años ambos partidos se han ido sucediendo en el gobierno municipal, siempre a partir de las crisis provocadas primero en el seno del PP y posteriormente del PP y Ciudadanos y entre ellos dos.
La realidad es que tras 50 años ininterrumpidos de contrato (casi 40 millones al año) con la empresa Inagra-Ferrovial resulta que se ha llegado tarde a su renovación. Increíble. ¿Les habrá faltado tiempo?. Más bien parece que a ambos partidos al alimón les ha sobrado desidia y negligencia. El contrato cumplió el 31 de diciembre de 2020 y aún ni se han redactado los nuevos pliegos para su licitación, Por tanto pasarán bastantes meses más hasta que se llegue a adjudicar un nuevo contrato, manteniéndose el actual en prórroga forzosa durante varios años, en una especie de limbo que sólo producirá más problemas y más despilfarro.
Pero éste no es el único caso. Todos los grandes contratos del Ayuntamiento están sufriendo situaciones parecidas. Contratos que suman más de cien millones de euros al año.
El contrato del transporte urbano (más de 40 millones anuales), durante 60 años en manos de Transportes Rober (ahora Alsa) finaliza el próximo 25 de septiembre y ya está claro que igualmente se llegará tarde y habrá que prorrogarlo por muchos meses. También aquí se ha dejado pasar el tiempo sin hacer los deberes. Tampoco se han elaborado aún los pliegos de la nueva licitación y ni siquiera se ha resuelto aún la decisión sobre el modo de gestión, aunque está claro que PSOE, PP y VOX aprobarán juntos la gestión indirecta y sólo UP se plantea la necesidad de cambiar a gestión directa, como hacen en Málaga, Córdoba o incluso Madrid, la capital del neoliberalismo (Aguirre, Ayuso, Almeida, Gallardón, Botella...), que sigue manteniendo la gestión directa del transporte y también la del agua. Paradojas de la antigua normalidad.
El contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (más de 14 millones anuales), tras cuatro años de duración, también tuvo que ser prorrogado de manera forzosa durante 19 meses, porque tampoco se tramitó a tiempo la nueva licitación.
Los contratos de actividades deportivas (casi 1,5 millones anuales), tras cuatro años también se llegó seis meses tarde a su nueva adjudicación.
El contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales (más de cuatro millones al año), tras seis años de vigencia, cumplió en noviembre pasado, aún le faltan algunos meses para que finalice su nueva licitación y muy probablemente tenga que suspenderse porque en los pliegos se ha introducido una reducción de más de 12.000 horas de trabajo al año, lo cual pone en riesgo no solo la adecuada limpieza de esos edificios sino también el mantenimiento, vía subrogación, del empleo de las trabajadoras.
En un reciente informe de la Intervención municipal se denuncian estas irregularidades y se señala su gravedad en cuanto a que lesiona el principio de libre concurrencia de las empresas, que la demora injustificada es achacable sólo y exclusivamente al propio Ayuntamiento y que de ella podría derivarse responsabilidad por dejación de funciones de quienes estaban obligados a tramitar los procedimientos de licitación.
Bienvenidos a la vieja normalidad.
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