Beneficios estratosféricos
Una ley de 1908 (Ley de la Usura o Ley Azcárate) prohíbe expresamente el cobro de intereses desproporcionados, considerando que “será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino...”.
La Constitución Española, en su artículo 31, prohíbe que se puedan imponer tributos desproporcionados, estableciendo que en ningún caso puedan tener “alcance confiscatorio”.
No conozco la existencia de ninguna norma que establezca límite a los beneficios empresariales. La teoría presume que con el denominado “libre mercado” y una economía supuestamente basada en la libre competencia, las empresas bajarán los precios de sus productos o servicios de modo que puedan competir mejor por la captación de clientes pero manteniendo aún un margen razonable de beneficios para no caer en la banca rota. En los servicios públicos existe la Ley de Contratos del Sector Público que se supone regula esa libre competencia entre empresas de modo que las administraciones públicas puedan obtener los productos y servicios que necesitan a unos precios razonables, al menor coste posible, dentro de un marco ordenado.
Esta misma ley establece (artículo 197) que los contratos de las Administraciones Públicas se realizarán “a riesgo y ventura del contratista”. Es decir que los beneficios de las empresas concesionarias no están garantizados y que éstas deben obtenerlos haciendo una buena gestión pero corriendo siempre con los riesgos que conlleva hacerlo mal, tal y como sucede en el mercado en general.
Hace unos días se han publicado los beneficios de la empresa concesionaria del transporte urbano de Granada, Transportes Rober SA, correspondientes a 2020. El titular en prensa ha sido que la empresa “quintuplica los beneficios en el primer año de pandemia”. Sus beneficios brutos alcanzaron los 8,3 millones de euros, un 21% sobre la cifra de negocio que fue de 39,6 millones. Sólo se me ocurre calificar tales beneficios de estratosféricos.
Y esto ha sucedido mientras la economía del país, también de Granada, y de tantas y tantas empresas, autónomos y trabajadores sufrían enormemente a causa de la pandemia. En un año en que la propia empresa mantuvo durante un tiempo hasta al 89% de sus trabajadores en ERTE, por tanto perdiendo parte de sus salarios, y la Seguridad Social subvencionaba a la empresa con más de 344.000 euros.
Algo no funciona bien en nuestro Ayuntamiento. Desde el grupo municipal de Unidas Podemos-Independientes se ha insistido reiteradamente en el desproporcionado coste que para la ciudad y los granadinos suponen los servicios públicos esenciales. Esta es una prueba más. Hace once meses publiqué un artículo bajo el título de “Lo roban”. En él me refería a los desproporcionados beneficios que obtuvieron las empresas concesionarias de dos servicios esenciales de la ciudad, Emasagra (dirigida por Hidralia-Suez) e Inagra (controlada por Cespa-Ferrovial) mientras las cuentas municipales no dejan de empeorar año tras año, incrementando su déficit (64 millones en 2020).
La realidad de los números es que en 2020 las empresas concesionarias de los tres principales servicios de la ciudad, limpieza y recogida de basura, transporte y ciclo integral del agua, se embolsaron en un solo año casi 20 millones de beneficios, que salieron de los bolsillos de todos y cada uno de nosotros, los sufrientes granadinos. Estamos hablando de empresas controladas por grandes multinacionales, una alemana, una británica y otra francesa.
¿Pero cómo es esto posible? Pues por una mezcla de contratos eternos en su duración y desidia o negligencia continuada en su control por parte de nuestros sucesivos gobernantes (PP y PSOE), que han originado contratos leoninos que benefician a esas empresas y nos perjudican a todos sus “clientes cautivos”. Prórrogas y más prórrogas, modificaciones contractuales a beneficio de la concesionaria, regalo de los ingresos por publicidad en los autobuses... nos han llevado a esta situación tan injusta.
Todos los munícipes en los pasillos de la Casa Consistorial reconocen lo caros que nos cuestan estos servicios y también que son manifiestamente mejorables. Pero nadie asume responsabilidad alguna, ni por esta situación ni por la extraña circunstancia de que tras nada menos que 50 años de contrato se ha llegado tarde a la renovación del servicio de limpieza viaria y recogida de basura. El contrato cumplió a final de 2020 y tras 14 meses de prórroga forzada aún no se ha aprobado ni el inicio de la nueva licitación, que supuestamente nos traerá un mejor y más barato servicio. Ya veremos.
Con el transporte sucederá algo parecido. Tras 60 años de larguísimo contrato ya es seguro que también se llegará tarde a su renovación. Cumple en septiembre de este año y aún está todo por hacer.
El contrato del agua se hizo por 50 años, hasta 2047, con una cláusula leonina a favor de Hidralia que nos obliga a pagarle el 13% sobre la cifra de negocio en concepto del “líquido” concepto de “Know How” (saber hacer) que por mucho que busquemos en contratos parecidos en toda España no alcanzan ni de lejos a ese desproporcionado y generoso porcentaje. Precisamente en el propio Área Metropolitana, en Aguasvira, el porcentaje es del 4,5%. Seguro que alguien es capaz de explicarlo pero yo no logro entender nada.
Mientras tanto aquí seguimos enfrascados en debates artificiales, haciendo política de postureo permanente y discursos vacíos. La realidad de las cuentas es demoledora. Es tiempo de cambiar. Si se continúa haciendo lo mismo, los resultados serán siempre iguales. Nos roban y nos cuentan que llueve.
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