lunes 12 abril
SUCESOS  |   | Redacción aG

Cae una red que regularizó en Granada a más de 3.000 marroquíes con documentación falsa

La Policía Nacional ha detenido hasta el momento a 18 personas en la provincia granadina, Jaén, Málaga, Cádiz, Alicante, Gerona y La Coruña

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada, además de otras provincias, a un total de 18 personas integrantes de una red delictiva que habría regularizado solo en la provincia granadina a más de 3.000 marroquíes, a quienes se les habría facilitado documentación falsificada como nativo o descendiente de la antigua colonia española del Sáhara Occidental para conseguir permisos de residencia o directamente la nacionalidad española.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, la red desmantelada habría iniciado su andadura en Granada en 2017 procedente de Jaén, estableciéndose como un despacho de abogados, el cual ya había sido investigado anteriormente por este mismo tipo de hechos.

Al frente de este despacho se encontraba una abogada de nacionalidad española, quien ha sido detenida junto a una empleada, además de un número importante de ciudadanos marroquíes vinculados a la organización como traductores o como beneficiarios de la nacionalidad o permisos de residencia solicitados a través del mencionado despacho, que habría tramitado hasta el 80% de las solicitudes presentadas en los organismos administrativos granadinos.

El 'modus operandi' de esta red delictiva gira en torno a los beneficios otorgados a los nativos o descendientes de la población que habitó en las dos provincias del Sáhara Occidental en tiempos del gobierno colonial español, es decir entre 1958 y 1976, a quienes se les otorgó la nacionalidad española de pleno derecho, tal y como lo certifica la expedición de DNI, pasaportes y libros de familia.

Como consecuencia del 'Ius sanguinis' que se expresa básicamente bajo la fórmula “son españoles los hijos de padre o madre española”, los habitantes de la colonia del Sáhara Occidental y sus descendientes, hijos o nietos, pueden conseguir permisos de residencia e incluso la nacionalidad, de una forma más rápida y ventajosa frente a otros ciudadanos marroquíes. De esta forma, incluso algunos de los que ya tenían permisos de residencia decidieron ponerse en manos del mencionado despacho de abogados para tramitar un expediente de regulación como supuestos saharauis.

Para dar más apariencia de saharaui a quienes solicitaban un permiso de residencia o la nacionalidad se aportaba un justificante de percibir una pensión del Ministerio de Defensa, como miembro o integrante del Ejército español durante la época colonial, pensión a la que también tienen derecho las viudas o huérfanos de estos.

Este hecho ha permitido destapar, además de la falsaria relación familiar de los supuestos saharauis con el perceptor de la pensión, el cobro fraudulento de pensiones de este tipo por parte de falsos militares, sus viudas o hijos, cuya cuantía oscila en torno a 600 euros mensuales, y para cuya obtención fraudulenta se habrían aportado los mismos documentos que han sido declarados falsos.

La organización criminal cobraba a sus representados entre 4.000 y 12.000 euros por el trámite de una autorización de residencia o la nacionalidad, encargándose de aportar la documentación falsificada, la cual incluía las traducciones juradas del árabe o francés preceptivas e igualmente falsas. Tan solo en Granada se habrían regularizado ilegalmente, a partir de finales del 2015, más de 3.000 marroquíes.

Todas las nacionalidades y permisos de residencia otorgados en base a este aporte documental falsario están siendo extinguidas o revocadas. Esta organización criminal ya había actuado en otras, provincias como Oviedo, Badajoz, Cáceres, Murcia, Sevilla, Córdoba y Almería, habiendo
sido condenados varios de sus miembros. Hasta el momento se ha detenido a un total de 18 personas, en relación con estos hechos, en Granada, Jaén, Málaga, Cádiz. Alicante, Gerona o La Coruña, quienes ya han sido puestas a disposición de la autoridad Judicial. La investigación sigue abierta y existe la posibilidad de nuevas detenciones en un futuro.

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