La Junta reclama que se suspenda el fin de la moratoria de la renta antigua
Antonio Jesús Roldán afirma que la eliminación de estos alquileres podría afectar a 30.000 establecimientos de la comunidad y a 90.000 empleos
Roldán, acompañado por la directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, mantuvo en Granada un encuentro con representantes del sector para analizar los efectos de esta norma. Foto: aG.
El viceconsejero de Turismo y Comercio, Antonio Jesús Roldán, alertó este jueves del impacto que tendrá sobre el sector comercial de la comunidad el fin de la moratoria prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que reclamó al Gobierno central que se suspenda esta medida y se pongan en marcha mecanismos que "garanticen de forma efectiva la viabilidad y pervivencia de los establecimientos tradicionales".
Roldán, acompañado por la directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, mantuvo en Granada un encuentro con representantes del sector para analizar los efectos de esta norma y avanzó que el consejero, Rafael Rodríguez, va a remitir una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para trasladarle la "enorme preocupación de la Junta por este asunto y solicitarle que se suspenda el fin de la moratoria.
El viceconsejero explicó que la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de 1994, establece que todos los negocios que tengan un contrato de renta antigua firmado con anterioridad a mayo de 1985 deberán actualizar sus acuerdos de alquiler antes del 31 de diciembre, una disposición que, según denunció, va a generar "un problema económico, social y urbanístico" y afectará a "un gran número de establecimientos".
En este sentido, Antonio Jesús Roldán precisó que en Andalucía esta situación repercutirá en unos 30.000 establecimientos y 90.000 personas, al tiempo que advirtió que "algunos negocios no podrán asumir en plena crisis las nuevas rentas, otros tendrán que buscar nuevas ubicaciones con la merma correspondiente que ello supone y otros están negociando nuevas condiciones sin certezas sobre su futuro".
El viceconsejero lamentó que el fin de esta moratoria supone "un golpe en la misma línea de flotación del comercio tradicional andaluz" y defendió la "necesidad urgente de protección" para estos establecimientos "por la importancia que tienen para nuestras ciudades, por la la economía sostenible que genera directa e indirectamente en otros sectores y por la capacidad de crear y mantener empleo estable".
Prórroga de la moratoria
Antonio Jesús Roldán manifestó el "apoyo" y la "solidaridad" del Gobierno autonómico con el sector comercial y se posicionó a favor de prorrogar diez años la moratoria que contempla la LAU, tal y como están reclamando los afectados. Además, insistió en que el Ministerio de Fomento "debe poner en marcha medidas que palíen esta situación" y "debe sentarse a negociar" con este colectivo.
Finalmente, el viceconsejero defendió el modelo comercial andaluz, basado en el consenso con los agentes implicados y en el equilibrio de todos los formatos, y subrayó la importancia de un sector que representa el 11% del Producto Interior Bruto regional, aglutina a casi 165.000 establecimientos (pymes en un 94%) y ocupa a 480.000 personas, con una fuerte presencia del autoempleo y del empleo femenino.
