viernes 26 abril
La Capital  |   | Redacción aG

"Los servicios sociales están garantizados con la nueva ley de administración local"

El edil responde a IU que “gracias a esta ley estatal, se obligará, por fin, a la Junta a financiar la prestación municipal de los servicios sociales de modo suficiente, necesario y real, y no como hasta ahora han hecho”

El concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea, ha adelantado que el equipo de gobierno se opondrá por completo a la moción presentada por el grupo municipal de IU que plantea instar al gobierno de España a retirar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, una norma que para el concejal popular resulta “totalmente necesaria y pertinente, ya que no sólo garantizará los servicios sociales, sino que obligará por fin, a la Junta de Andalucía a financiar a los Ayuntamientos de un modo suficiente, es decir, a asegurar su aportación para la prestación de estos servicios, y no como han hecho hasta ahora”.

En respuesta a la acusación de Puentedura de que la nueva ley pretende “el desmantelamiento” de los servicios sociales, Egea ha pedido al edil de la formación de Izquierdas “que deje de engañar a los ciudadanos y diga la verdad": "Es la Junta de Andalucía, sus socios en el gobierno autonómico, los que están asfixiando a los Ayuntamientos asignándoles tareas, competencias y funciones que no van acompañadas de presupuesto ni del personal necesario; a partir de la nueva Ley se van a garantizar los Servicios Sociales de tal manera que se exigirá un convenio que asegure al ente local una financiación suficiente”.

Al referirse al caso concreto de Granada, Egea ha asegurado que “la situación de exceso de trabajo de los Servicios Sociales del Ayuntamiento es consecuencia de la nefasta gestión de la Junta de Andalucía que, por ejemplo, ha puesto en marcha dos decretos de fomento de empleo -Programa de ayuda a la contratación y Empleo de mayores y menores de 30 años-, y dos decretos, uno de exclusión y otro de inclusión en los dos últimos años, sin medidas de apoyo a los Ayuntamientos para la gestión de todo el proceso.”

“Es el gobierno del PP en el Ayuntamiento el que está manteniendo los servicios sociales, mientras que la comunidad autónoma los está bloqueando. Así, a pesar de los recortes abusivos de la Junta, desde el Consistorio, se han mantenido todos y cada uno de los puestos del personal, con contratos a jornada completa. Es rotundamente falso que se haya recortado plantilla”.

Al respecto de las acusaciones de recortes y de falta de continuidad en los programas, Fernando Egea ha sido contundente con el edil de IU: “Quien ha recortado ha sido su socio de gobierno en la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha incrementado sustancialmente su aportación económica para mantener a todos los profesionales de servicios sociales; todos los contratos se están prorrogando a la fecha de su vencimiento. La incertidumbre es la que genera la Junta de Andalucía, sus socios de gobierno, que no se ha pronunciado aún sobre si mantiene la aportación económica o no en los Programas de refuerzo de personal de la Dependencia, cuyos contratos finalizan el 31 de diciembre próximo, o que aún no ha dictado Resolución definitiva para su aportación económica a los contratos de los profesionales de Zonas de Necesidad de Transformación Social que el Ayuntamiento prorrogó el pasado 16 de Octubre aún sin dicha resolución definitiva”·

Para ejemplificar “el despropósito” de la Junta de Andalucía, en sus aportaciones a los servicios y programas sociales en marcha, el concejal del PP se ha referido a cuatro casos: el servicio de atención al inmigrante, el programa de ZNTS, la aportación a la dependencia y los equipos de tratamiento familiar.

En el primer caso, el servicio de atención al inmigrante, si el coste global asciende a 293.913 euros, la Junta ha aportado un 10,05%, frente a los 274.413 euros aportados por el consistorio; un 90% del total.

Un segundo caso, el programa de Zonas con Necesidades de Transformación Social: “La Junta, lejos de incrementar sus recursos a estas zonas especiales con problemáticas estructurales, ha reducido significativamente su aportación para contratar a los profesionales que realizan la intervención”. Los datos hablan de un programa con un coste total de 311.047 euros, de los que el Ayuntamiento asume el 47,92% y la Junta, el 52,08%”.

La ley de dependencia es para el edil “uno de los ejemplos sangrantes de la falta de financiación por parte de la comunidad”. Así, sobre 1.020.537 euros, la administración autonómica ha aportado 305.973 euros, y el Consistorio ha asumido 714.564 euros, un 70% del total. Para la realización de estas competencias, los Ayuntamientos tuvieron que realizar contrataciones específicas de refuerzo de los Servicios Sociales para impulsar la atención a las personas en situación de dependencia; concretamente, el Ayuntamiento de Granada realizó la contratación de veintinueve profesionales de refuerzo de los Servicios Sociales para la atención a las personas en situación de dependencia, catorce trabajadores sociales y quince auxiliares administrativos. La Junta de Andalucía, lejos de incrementar su aportación económica a este Programa de Refuerzo de Personal, la ha disminuido drásticamente y ha suspendido su aportación a la financiación de los auxiliares administrativos desde el 28 de diciembre de 2012, siendo absolutamente imprescindible su mantenimiento.

Otro ejemplo del “desinterés real por las políticas sociales y de la falta de dotación económica a los ayuntamientos” se pone de manifiesto para el edil en el caso de los equipos de tratamiento familiar. El Ayuntamiento de Granada lleva a cabo la intervención específica con familias en situación de grave riesgo social a fin de posibilitar su reunificación familiar o la adopción de una medida de protección. En este caso, sobre los 550.000 euros a que asciende el servicio, la Junta destina un 48%,43% y el Ayuntamiento aporta más de la mitad, un 51,56%.

Para finalizar, el concejal ha reiterado que la nueva ley "va a obligar a la Junta a no dejar tirados a los Ayuntamientos y dotar los distintos programas y servicios con una financiación suficiente y sobre todo, efectiva y real”.

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