Pinos Puente pide que cese el abandono de animales durante el estado de alarma
El Ayuntamiento registra al menos un caso por semana que tramita a través de una asociación local para evitar tener que llevarlos a la perrera y no tengan que ser sacrificados
La situación generada por el estado de alarma vinculado a la crisis sanitaria del coronavirus también ha derivado en otras como el abandono de animales. El Ayuntamiento de Pinos Puente se ha visto obligado a pedir en sus redes sociales que cese esta actividad, puesto que además está considerada un delito.
Desde el pasado 14 de marzo, la localidad metropolitana ha registrado al menos un caso de abandono de animales a la semana, alcanzando siete casos de abandono de perros y tres de crías de gato, con varias crías en cada uno de los tres casos, han informado fuentes municipales.
Es por ello que se ha pedido "encarecidamente" a la ciudadanía que se frene el número de casos de abandono animal, que por ejemplo han hecho que hace solo unos días fueran rescatados del interior de un contenedor dos gatos recién nacidos.
Dado que durante el confinamiento han aumentado las situaciones de este tipo, Pinos Puente ha recordado a sus vecinos que si no pueden hacerse cargo de las mascotas se pueden poner en contacto con la Policía Local y será el propio Ayuntamiento el que dé salida a su situación a través de una asociación local creada a tal efecto hace unas semanas.
"No es necesario abandonarlos a su suerte", explican desde el Ayuntamiento, que recuerdan también de la importancia de la esterilización, una decisión que es un acto de responsabilidad hacia el animal y previene y evita problemas de salud y bienestar general, desde el punto de vista emocional, físico y hormonal.
Mediante la esterilización, han añadido, se puede evitar el sacrificio y el abandono de numerosos perros y gatos cada año, con unas técnicas que permite recuperarse al animal en como máximo 48 horas
El Ayuntamiento de Pinos Puente también ha recordado que los actos de abandono animal están recogidos en la legislación vigente española, con multas que podrían alcanzar hasta 30.000 euros de sanción.
