Un protocolo para prevenir "eventuales abusos sexuales a menores" en la Iglesia de Granada
Tiene carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad "personal o institucional" en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos de la Archidiócesis
El Arzobispado de Granada ha aprobado un protocolo de prevención y actuación ante abusos sexuales a menores y a personas vulnerables y un código de buenas prácticas para crear "ambientes sanos y seguros" en la Iglesia en la provincia.
Según un decreto firmado por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, publicado en la página web de la Archidiócesis, este protocolo tiene una vigencia inicial de tres años renovables y pasaría a ser definitivo "si no aparece legislación nueva, civil o canónica, y si no se viesen en el mejoras de especial urgencia o importancia".
El protocolo tiene carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad "personal o institucional" en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.
"Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas", indica en el decreto Martínez.
El protocolo, que sigue el establecido por la diócesis de Córdoba, "explicita y concreta" las medidas prácticas para "escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren".
El documento, también disponible en la web de la Iglesia granadina, engloba aspectos como el maltrato físico, psicológico o emocional, ciberacoso y el sexual.
En lo que respectan a los abusos sexuales, estos son entendidos en el protocolo como "un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo o indirecto", y también alude a "acoso, provocación y explotación sexual".
Un documento de "responsabilidad personal"
Entre los requisitos se recoge que será "obligatorio solicitar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas".
También obliga a que todos los sacerdotes o laicos firmen un "documento de responsabilidad personal" en el que manifiesten "de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema y que si llegan a cometer cualquier acto de abuso sexual lo harían engañando a la Iglesia, a las leyes civiles, siendo responsables única y exclusivamente de los actos que realicen".
El protocolo también establece igualmente la creación de una comisión de protección de menores y personas vulnerables y la elaboración de programas de formación específica y dedica, además, un apartado a la detección, denuncia y actuación frente al abuso sexual.
También prohíbe ponerse en "situación de riesgo o claramente ambigua" como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso "quedarse a solas mucho tiempo con un menor", por ejemplo, en la sacristía de la iglesia, sala o dependencia parroquial y con la puerta cerrada, entre otras medidas.
El protocolo señala que cualquier conducta inapropiada se realizará una actuación que puede ir desde una "indicación o sugerencia de mejora" de los actos a la comunicación de los actos "a las autoridades civiles, con la apertura de un expediente o el despido", según el caso.
