El Arzobispado sostiene que cumplía con el artículo 11 del Real Decreto para la misa de este Viernes Santo
El arzobispo acató con las directrices de la Policía Nacional, personada en el templo granadino tras recibir el aviso de la Policía Autonómica y varios vecinos
El Arzobispado de Granada sostiene que este Viernes Santo, durante la misa en la que la Policía Nacional intervino para desalojar a una veintena de feligreses, cumplía con el artículo 11 del Real Decreto emitido el pasado 14 de marzo con motivo del estado de alarma por el coronavirus.
Los agentes se personaron en el templo metropolitano después de haber sido avisados por la Unidad de la Policía Adscrita -Policía Autonómica- y varios particulares, quienes informaban de la presencia de fieles en el interior de la Catedral durante la misa.
Los policías nacionales, según relevó el propio arzobispo, Francisco Javier Martínez, durante su homilía, habían consultado incluso a sus superiores y cumplían con las directrices marcadas de que la veintena de personas que estaba dentro de la iglesia debían abandonarlo, si bien ninguno fue sancionado.
No obstante, el arzobispo, después de pedir disculpas, aseguró que ellos lo hicieron "con la mejor de las intenciones" y creyendo que cumplían con el artículo 11 del Real Decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo, en el que se recogen medidas de contención en relación con los lugares de culto y las ceremonias civiles y religiosas.
"La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro", señala el decreto.
En esas, desde el Arzobispado recalcan que las personas cumplían "perfectamente" con esta situación, pues la Catedral está habilitada para albergar hasta mil personas y los 20 asistentes estaban debidamente separados.
Se da la circunstancia, de que hace solo unos días la Asociación Española de Abogados Cristianos denunció a los delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por la interrupción de ceremonias religiosas en este periodo de excepcionalidad.
Desde esta asociación consideran que “estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”.
