La Fiscalía retira la acusación contra Sánchez
El Ministerio Público ha decidido que Gerardo Sánchez "no es autor ni de un delito de prevaricación administrativa ni de un delito contra el medio ambiente"
El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, durante su declaración. Foto: L.F.R.
La Fiscalía de Granada ha retirado este jueves la acusación contra el alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, en el caso de los vertidos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), por el que ha sido juzgado en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada.
En la segunda sesión de la vista, que arrancó el pasado miércoles, la representante del Ministerio Público ha decidido que Sánchez no es autor ni de un delito de prevaricación administrativa ni de un delito contra el medio ambiente, por los que inicialmente reclamaba para él un año de cárcel, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial por seis meses.
Sin embargo, la acusación popular, que representa al PP, sí ha mantenido los cargos de prevaricación administrativa contra Sánchez, y en cuanto al delito contra el medio ambiente ha admitido que en este caso no existió riesgo para la vida de las personas, aunque sí imprudencia. Además, ha retirado la acusación contra el ingeniero director de las obras de saneamiento, Humberto G.M., al que sólo acusaba esta parte.
Ahora será el juez de lo Penal el que tendrá que determinar el sentido de su sentencia, que ya Sánchez ha confiado en que sea absolutoria, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento actuó "correctamente" en este asunto, según indicó este miércoles, antes del comienzo de la primera sesión del juicio.
Este miércoles Sánchez declaró ante el juez por este asunto, y explicó todo el proceso por el que fue procesado desde que accedió a la Alcaldía en 2007.
Negó haber prevaricado en la petición de una subvención a la Agencia IDEA de 450.000 euros para acometer obras en la mejora de la red de saneamiento al municipio y rechazó ser el responsable de vertidos incontrolados a una acequia. De hecho, justificó un desvío de la red puntual a la acequia en una situación de "emergencia" con el objetivo de evacuar aguas pluviales que habían anegado un edificio cercano al PTS.
La Fiscalía le acusaba inicialmente de irregularidades en la petición de la subvención pública y de ser el responsable de "los vertidos ilícitos e incontrolados" en el PTS derivados del incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento de Armilla, que habrían supuesto "una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales". Sin embargo, y tras la celebración de los dos días de vista, la acusación ha sido retirada.
