domingo 11 abril
Opinión  |   |

La educación, incumplido derecho humano de empoderamiento

Artículo Gregorio Cámara

La educación es tanto un derecho humano como un bien público esencial. Su finalidad es el libre desarrollo de la personalidad que nace de la igual dignidad de la que toda persona es portadora. Desde esta perspectiva es un medio indispensable para realizar otros derechos humanos.

La educación -subraya el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas- permite a los marginados y más necesitados luchar para salir de la pobreza, la exclusión social y otras desventajas; a las mujeres su emancipación; a los niños protección contra la explotación laboral y sexual; y, a todos, la posibilidad de estar capacitado para desempeñar un puesto de trabajo, participar en la vida social y política y hacer posible el disfrute de otros derechos humanos y la promoción de la democracia. Sin olvidar el propio goce que supone disponer de “una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento...uno de los placeres y recompensas de la existencia humana” .

Por estas razones es un “derecho de empoderamiento” para todas las personas, toda vez que permite ejercitar, desarrollar y disfrutar de otros derechos, como el derecho al trabajo, los derechos de participación política, expresión, reunión y asociación, etc.., porque todos ellos requieren de formación y serán más eficaces cuanto mayor educación se haya adquirido. Así se contempla con sabiduría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su preámbulo sostiene que el vehículo adecuado para promover el respeto y, por tanto, la realización universal de todos los derechos y libertades, es precisamente la enseñanza y la educación. De acuerdo con lo expuesto, hace posible y estimula la ciudadanía activa, participativa, crítica y responsable, desde una precomprensión del otro y de su posición como igual en una sociedad de ciudadanos libres que ejercen su libertad a través del Derecho.

También el grado y la calidad de la educación y la formación que adquieran las personas marca profundamente las posibilidades de desarrollo de las respectivas sociedades y de sus capacidades de socialización, de integración en todos los órdenes y, en consecuencia, de generación de igualdad y cohesión social. Como se recoge en el Marco de Acción de Dakar, “la educación es...un elemento clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en los sistemas económicos y sociales del Siglo XXI”.

Conviene tener muy presentes esta doble dimensión del valor del derecho a la educación que lo sitúa en el mismo centro de las sociedades y los sistemas políticos de nuestros días. Su fomento permanente y cada vez más intenso se convierte en una tarea inexcusable y fundamental para los Estados y la comunidad internacional, en tanto que constituye la base para comprender el mundo que habitamos y poder transformarlo para hacerlo más justo, donde la dignidad del hombre y los derechos fundamentales que de ella nacen perfilen el derecho a un vivir humano en paz, libertad, igualdad, solidaridad y justicia.

Sin embargo y por desgracia, el diagnóstico que cabe hacer del cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que configuran el derecho a la educación resulta todavía hoy más que insatisfactorio. Ya en 2006, Katarina Tomasevsky, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas entre 1998 y 2004, así lo reconocía en un artículo que precisamente tituló: “Dulces palabras, amargos hechos: el panorama global de la educación”.

Las grandes, numerosas y detalladas proclamaciones y compromisos plasmados en aquellos instrumentos contrastan abrumadoramente con las enormes carencias educativas todavía presentes en numerosos países del planeta y con la existencia de muchos millones de personas por completo excluidas del disfrute del derecho a la educación.Por solo poner un ejemplo revelador, según el Compendio Mundial de la Educación 2012 de la UNESCO, 61 millones de niños en edad escolar, con datos referidos a 2010, están fuera de la escuela; dato que permanece estancado, sin avances desde 2008. Pero en algunas regiones del planeta esta situación va claramente a peor, como es el caso del África Subsahariana, donde se estima que el número de niños fuera de la escuela se incrementó desde 29 millones en 2008 a 31 en 2010 (por tanto, en torno a la mitad de todos los niños fuera de la escuela del mundo).

La causa fundamental de este Estado de cosas está en la inexistencia de una verdadera comunidad internacional suficientemente concernida con los objetivos educativos desde la contemplación de la educación conforme a planteamientos solidarios como un derecho humano universal, lo que es consecuencia a su vez de la primacía económica, social y política de los planteamientos economistas propios del neoliberalismo económico y político del mundo globalizado de nuestros días, sustentado en un capitalismo que sigue ciegamente la lógica de la obtención del beneficio como criterio de “racionalidad” social. También, sin duda, los dispersos y muy diferentes mecanismos de protección contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son un reflejo claro de esta gran debilidad.

Este sigue siendo uno de los más grandes e importantes retos para la humanidad: lograr, como mínimo, la enseñanza primaria universal para los niños y niñas de todo el planeta y que puedan tener igual acceso a todos los niveles de la enseñanza, tal como rezaba el por desgracia incumplido Segundo Objetivo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señalado como meta para antes de que finalizara 2015.

Gregorio Cámara Villar
Catedrático de Derecho Constitucional y candidato socialista por Granada al Congreso de los Diputados

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