Aplazada la declaración de la diputada de IU imputada por posible prevaricación
El aplazamiento se produce por enfermedad de uno de los letrados
El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha aplazado la declaración prevista para este martes del que fuera vicepresidente de la Diputación Provincial en el anterior mandato, Julio Bernardo (IU), y de la actual portavoz y diputada de esta formación en la institución, María Asunción Pérez Cotarelo, que están imputados en una supuesta trama de expedientes y contrataciones irregulares en el marco de un proyecto financiado con fondos europeos.
El aplazamiento se produce por enfermedad de uno de los letrados, estando previsto que en abril se notifique la nueva fecha para la declaración de ambos ante el juez, según han informado a EP fuentes del caso.
El caso fue planteado inicialmente por el actual equipo de gobierno de la Diputación de Granada (PP), personada como acusación particular, como una ampliación de denuncia del denominado 'caso Mercamed', que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que sin embargo no aceptó que se incorporara a la causa abierta, en la que están imputados 14 personas, entre ellas el propio Julio Bernardo.
Así, la nueva investigación fue abierta por el Juzgado de Instrucción 8 de Granada, que ha imputado ya, en este otro caso, a un total de 11 personas, seis de ellas empresarios, entre las que se encuentran, además de Cotarelo y Bernardo, un cargo de confianza de IU, una técnico y una funcionaria (estos cuatro últimos también imputados en Mercamed) por los posibles delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Por exhorto, ya tuvieron que comparecer los seis empresarios acusados, si bien se acogieron entonces a su derecho a no declarar, por supuestas irregularidades en el llamado proyecto Magrec, enmarcado en el programa de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores Poctefex, del que también depende el proyecto Mercamed.
El presupuesto de Magrec fue de unos 898.000 euros, de los que 67.000 se debían haber destinado a inversiones en Marruecos, aunque la Diputación aportó finalmente cerca de 210.000 euros, para expedientes aprobados sin el correspondiente trámite administrativo.
Ante esta imputación, el pasado febrero el actual equipo de gobierno de la Diputación acusó en rueda de prensa a Cotarelo de haber presuntamente participado en una trama que implicó la elaboración de presupuestos falsos para "intentar beneficiar a personas cercanas" o de aprobar expedientes sin pasar por pleno o saltándose el procedimiento administrativo preceptivo.
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