Impugnado también el pliego de cláusulas de la ayuda a domicilio de Huétor Vega
UGT considera que se establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales con un precio 13 euros /hora
La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Granada ha impugnado el pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la contratación del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Huetor Vega.
El sindicato considera que se establece unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales. En concreto, establece un precio del servicio de 13 euros /hora (IVA incluido), cuando el mínimo debería ser de 13,48 euros/hora (IVA incluido), ya que de otra forma "no se garantiza" el cumplimiento del Convenio Colectivo.
En ello, "sin incluir" en esos 13,48 euros las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP).
Desde UGT recuerdan que en Huetor Vega, hay 22 trabajadores prestando este servicio público municipal, muchos de ellos a tiempo parcial, o con contratos temporales, y que su sueldo depende de la licitación que se establezca por parte del Ayuntamiento.
El Sindicato señala que mantener este precio/hora de 13 euros va a suponer a buen seguro que se produzcan "incumplimientos laborales", ya que los trabajadores que realizan el servicio tendrán que hacerlo renunciando a sus derechos, recogidos en el VII Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las personas dependientes.
No es posible, afirman, que desde un Ayuntamiento, que debe ser especial garante del cumplimiento de las leyes, "se favorezca veladamente que se conculquen derechos laborales".
El Sindicato pide no solo que se cumpla el coste laboral real, calculado en 13,48 euros, sino que se ajusten los Pliegos de Condiciones Administrativas a la Ley de Contratos del Sector Público, en cumplimiento de la normativa legal vigente.
Se recuerda además, que es un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía, lo que hay que promover que es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria.
