Los ocho delitos por los que se investiga a Torres Hurtado en el caso Nazarí sumarían entre 20 y 54 años de cárcel
El baremo dependerá de múltiples factores como atenuantes o agravantes, entre otros · El exalcalde no estará oficialmente acusado hasta que no se formule escrito contra él y el resto de personas investigadas
El levantamiento del secreto de sumario del caso Nazarí, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada, ha permitido empezar a conocer algunos detalles más sobre la situación que colapsó la institución de la Plaza del Carmen con la detención del entonces alcalde, la edil de Urbanismo o la secretaria general, entre otros.
La investigación abierta apunta por ahora a que José Torres Hurtado estaba en la "cúspide" de la supuesta trama en la que él "estaría al tanto de todo lo acontecido en el urbanismo de Granada confiando en sus dos más estrechos colaboradores", en relación a la exedil de Urbanismo y el también investigado Manuel Lorente.
Es por ello por lo que en la documentación del sumario se refleja que Torres Hurtado está siendo investigado por los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, asociación ilícita, prevaricación, falsedad documental y cohecho.
Aunque en la actualidad el exregidor municipal no está oficialmente acusado, la suma de estos delitos que presuntamente habría cometido suman entre 20 y 54 años de pena de cárcel, lo que ayuda a hacerse una idea de la gravedad de los hechos que el Juzgado de Instrucción 2 está investigando.
Fuentes judiciales han recalcado a ahoraGranada que la aplicación de cada delito y sus respectivas condenas recogidas en el Código Penal pueden variar por aspectos como atenuantes o agravantes, que harían cambiar la cifra de petición de condena, toda vez que se llegase a esa situación procesal.
De este modo, el artículo 301 del Código Penal refleja que en el delito de blanqueo de capitales la condena podría ir de 3 meses a 6 años de prisión, situación que puede aplicarse en su mitad superior (3 años y 3 meses hasta 6 años) en caso de que se tratara, como así es, de un asunto urbanístico. Respecto a la multa, variaría también en función del valor del dinero presuntamente blanqueado, pudiendo ser esta cantidad la impuesta inicialmente o llegar hasta el triple de la misma.
En lo que al delito de tráfico de influencias se refiere, recogido en el artículo 428 del Código Penal, la condena podría ir de entre 6 meses a 2 años de prisión; una multa de la cantidad presuntamente blanqueada al doble de la misma e incluso podría pedírsele inhabilitación de 5 a 9 años, dependiendo de si la supuesta trama consiguió o no su propósito en la presunta comisión de este hecho delictivo.
Algo más severas son las sanciones que el Código Penal contempla para los delitos de fraude en la contratación (artículo 436 del Código Penal) y de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal), que recogen penas de cárcel respectivamente que van de los 2 a los 6 años por un lado y de los 6 a los 8 años por otro, aunque en este caso dependería de si la cantidad defraudada excediera de 250.000 euros. Del mismo modo, la inhabilitación iría de 6 a 10 años en el delito de fraude y de 15 a 20 años en la malversación.
El delito de asociación ilícita, el quinto por el que se investiga a Torres Hurtado, contempla en el artículo 570 bis del Código Penal condenas que podrían ir de los 2 a los 5 años; mientras que en el de falsedad documental (artículo 390 del Código Penal) la condena iría de 3 a 6 años de cárcel, a lo que habría que añadir una multa de entre 6 y 24 meses con una cuota diaria de entre 2 y 400 euros, además de una posible inhabilitación de entre 2 y 6 años.
Por último, el artículo 419 de la legislación refleja que en el delito de cohecho las condenas podrían ir de 3 a 6 años de cárcel, una multa de 12 a 24 meses e inhabilitación de 9 a 12 años. Respecto al delito de prevaricación, en el artículo 404, el Código Penal solo contempla condena por inhabilitación, que podría oscilar entre los 9 y los 15 años.
No obstante, será en una nueva fase en este proceso, toda vez haya concluido la instrucción, cuando se pueda presentar escrito de acusación contra el exalcalde de Granada y el resto de investigados. De este modo es cuando formalmente se acusa a los investigados ahora como presuntos autores, cómplices, cooperadores necesarios o encubridores, aunque sigan conservando en ese momento la presunción de inocencia.
