El alcalde defiende la actuación en el caso de la Azulejera al hacer "todo tipo de negociaciones" para las obras
La comparecencia de Isabel Nieto no contenta ni a vecinos ni a PSOE e IU, que aseguran que fallaron los controles administrativos
Una vecina afectada ha sido desalojada del pleno después de protestar por su situación. Foto: L. F. R.
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha defendido este viernes la actuación que el equipo de Gobierno desarrolló respecto a la construcción de viviendas en la Azulejera, a cuyos vecinos ha dicho sentir que hayan sido "estafados como tantas personas que han sido estafadas en tiempos de crisis".
El regidor municipal ha cerrado así la comparecencia pública de la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, a petición de los grupos de PSOE e IU sobre este asunto, aunque las manifestaciones formuladas por la titular de este área municipal no han contentado ni a los ediles de izquierda ni a los vecinos que se encontraban en el salón de plenos, de los que una de ellos ha sido expulsada por comenzar a gritar para reprochar la actitud municipal.
El regidor municipal ha acusado al PSOE e IU de haber presionado para que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP cuando sucedió todo -de 2009 a 2011-; para que dieran "todo tipo de facilidades a la empresa" para poder hacer las viviendas y ha recordado que si decretaron que se dividieron los solares estaban colaborando para que los trabajos se ejecutaran.
Por ello, Torres Hurtado ha dicho que no se dejaron de atender las funciones y que se hicieron "todo tipo de negociaciones" para conocer si era posible que se llevara a cabo la construcción del edificio, aunque en la relación entre privados, ha añadido, el Ayuntamiento no podía entrar.
Además, el alcalde ha dicho que obra en poder del Consistorio la documentación que certifica que los vecinos sean partícipes de la cooperativa en la que se convirtió posteriormente la empresa y, apoyado en el interventor, ha tratado de demostrar que no se puede devolver la tasa a una persona ajena "a la que la dio". "Evidentemente no se puede devolver, tendría que venir un juez y decir no. En lugar de pagar a quien le tienes que pagar, págalo a otro tercero", ha afirmado el funcionario municipal.
Por su parte, la concejal de Urbanismo ha hecho un relato de los acontecimientos desde que el 30 de marzo de 2009 se inició el proceso de venta de una parcela municipal que el 30 de junio se adjudicó a una empresa por importe de 3,6 millones de euros de los que posteriormente solo pagó 423.000 euros. La edila ha recordado que el Consistorio es también parte afectada y ha dicho no entender el motivo por el que los vecinos no han empleado otras vías judiciales que estaban en su mano para tratar de recuperar el dinero perdido.
Nieto ha recordado que lo que hicieron fue tener una "infinita paciencia" y por ello se ampliaron los plazos en diversas ocasiones. Del mismo modo ha declarado que a los vecinos la "aventura" les ha "salido mal" porque se trataban de unos años "malos para la construcción" y no "por culpa del Ayuntamiento".
Descontento de PSOE e IU
El encargado de efectuar una exposición de los hechos y defender la solicitud de comparecencia pública ha sido el edil del PSOE Miguel Ángel Fernández Madrid, que ha considerado como "claro" que "fallaron los controles administrativos y con solo mirar los papeles de los vecinos se comprende". Desde que se hizo la adjudicación, ha añadido, se produjo "un carteo" entre el empresario y el Ayuntamiento en el que se comunicó el cambio de forma jurídica de la empresa o la entrega de un "pagaré".
Asimismo ha incidido en que no poseen la documentación y si la han podido consultar ha sido mediante los vecinos y por el edil de IU, Francisco Puentedura. El edil ha pedido conocer los documentos que certificasen la solvencia de la empresa para la venta de la parcela o el acta de reunión con cooperativistas. Por último ha recordado que los afectados "no encuentran respuesta" por parte del Ayuntamiento y ha considerado que no debe tener "inconveniente" la devolución de la cantidad de dinero.
Por otra parte, el concejal de IU, Francisco Puentedura, ha recordado que los afectados están dispuestos a negociar con el Ayuntamiento con la finalidad de que se pueda "buscar salida" a las 53 familias perjudicadas y ha pedido el acceso a la documentación o se encarguen los informes jurídicos pertinentes con "objeto del amparo" que puedan ejercer los perjudicados para poder pedir la devolución del dinero.
Del mismo modo, el edil de izquierdas se ha preguntado por qué no se cumplió el procedimiento de contratación pública y ha reclamado que si existe informe jurídico se ponga "encima de la mesa".
Por último, el concejal de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha añadido que si se reconoce como estafa por parte de un promotor los hechos los vecinos deben poder acceder a la documentación del expediente "para que se puedan defender".
