UGT eleva al TSJA la licitación de la ayuda a domicilio en Albolote
El sindicato considera que el servicio se ha adjudicato con unas condiciones económicas "que no garantizan la cobertura de los costes salariales de los trabajadores"
UGT Granada ha presentado un recurso contencioso administrativo en el TSJA contra resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación, que avala que los pliegos de contratación de la ayuda a domicilio en Albolote se han adjudicado "con unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales de los trabajadores".
Así lo ha trasladado el sindicato en una nota de prensa, en la que ha considerado que los derechos e intereses legítimos de los trabajadores "se pueden ver perjudicados de manera directa o indirecta por esta decisión", ya que avala que un concurso público se licite “a la baja” por debajo de su coste real. En este caso concreto, con un precio de 12,19 euros la hora, "insuficiente" para cubrir el coste salarial real derivado del Convenio Colectivo, cuando según estimaciones del sindicato esta cantidad debería elevarse como mínimo a 14,85 euros cada hora.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación Provincial de Granada considera que aspectos como formación, desplazamientos, antigüedad de los trabajadores, complementos de nocturnidad y ropa de trabajo "no son condiciones de trabajo que deban tenerse en cuenta, sino que son situaciones sobrevenidas que pueden o no producirse, por lo que no hay que cuantificarlas".
Además, UGT también ha mostrado su preocupación por los continuos retrasos en el pago de las nóminas en los municipios, donde Ineprodes se ha hecho con la prestación del servicio, incluso en ocasiones de varios meses, "precisamente porque siempre opta por este tipo de contratos a la baja”. "Solo cuando Ineprodes se ve denunciada es cuando accede al abono de los salarios. Desde UGT se teme que vaya a pasar lo mismo en Albolote", han añadido.
En este sentido, UGT espera que se dicte por parte del máximo órgano judicial a nivel andaluz una resolución que implique una nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo, donde se tenga en cuenta lo establecido en el del Convenio Colectivo, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial.
